Si
mañana hubiese que votar en referéndum si se nacionaliza (rescata),
o no, una entidad financiera cualquiera ¿qué votaríais vosotros?
Apostaría que el 80% diría que no. Pues bien, veamos que pasaría
si no se hiciese y cómo hacerlo correctamente para evitar que sea
capital a fondo perdido.
Lo
primero: ¿qué es nacionalizar? Según la segunda y la tercera
definición que aporta la RAE nacionalizar es: “hacer
que pasen a manos de nacionales de un país bienes o títulos de la
deuda del Estado o de empresas particulares que se
hallaban en poder de extranjeros”
y “hacer
que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades
industriales o servicios explotados por los particulares”. Siempre
con el objetivo de administrar la entidad eficientemente y de manera
responsable intentando poner en la senda del buen camino la entidad
“salvando” así los ahorros de miles de ciudadanos.
No
nacionalizar estos bancos, cajas etc. sería dejarlas quebrar. ¿Tiene
alguna ventaja dejarlas quebrar? Rotundamente, no. Por un lado miles
de personas perderían su dinero, tanto de cuentas de ahorros como de
fondos de inversiones y por otro lado la imagen de insolvencia
económica e inestabilidad del país haría que la prima de riesgo
subiese de tal manera que los intereses con los que el BCE (Banco
Central Europeo) o el FMI (Fondo Monetario Internacional) prestarían
dinero al estado para ayudar a las familias afectadas sería mucho
más alto, o en un caso como el de Grecia se negaría a prestarlo
porque el país no reuniría las exigencias de garantías.
Por
último, ¿cómo nacionalizar correctamente un banco o entidad
financiera? Esta es la pregunta de millón que se contesta en una
palabra: bien. Con "bien" me refiero a lo siguiente:
- Buscar a los culpables de la mala gestión (siempre, repito, siempre los hay).
- Despedir a estos culpables y, de ninguna manera, pagarles las indemnizaciones millonarias que ellos mismos establecen en sus contratos. Es el caso cinco directivos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) que se llevaron 13 millones en indemnizaciones al ser destituidos. Y la ex-directora general de la Caja, despedida por una gestión deficiente, recibió una retribución anual de 593.040 euros más una renta vitalicia de 369.497 euros.
- Sustituir a todos lo altos cargos por personas cualificadas independientemente de su signo político, tecnócratas. De esta manera se evitará que personas no cualificas (sin nociones de banca ni de economía) ocupen puestos de gran importancia en la entidad con no más mérito que tener amistades influyentes.
- No destinar más dinero a empresas de construcción ni a financiar campañas electorales.
