Llámalo: crisis

         Si mañana hubiese que votar en referéndum si se nacionaliza (rescata), o no, una entidad financiera cualquiera ¿qué votaríais vosotros? Apostaría que el 80% diría que no. Pues bien, veamos que pasaría si no se hiciese y cómo hacerlo correctamente para evitar que sea capital a fondo perdido.

         Lo primero: ¿qué es nacionalizar? Según la segunda y la tercera definición que aporta la RAE nacionalizar es: “hacer que pasen a manos de nacionales de un país bienes o títulos de la deuda del Estado o de empresas particulares que se hallaban en poder de extranjeros” y “hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares”. Siempre con el objetivo de administrar la entidad eficientemente y de manera responsable intentando poner en la senda del buen camino la entidad “salvando” así los ahorros de miles de ciudadanos.

         No nacionalizar estos bancos, cajas etc. sería dejarlas quebrar. ¿Tiene alguna ventaja dejarlas quebrar? Rotundamente, no. Por un lado miles de personas perderían su dinero, tanto de cuentas de ahorros como de fondos de inversiones y por otro lado la imagen de insolvencia económica e inestabilidad del país haría que la prima de riesgo subiese de tal manera que los intereses con los que el BCE (Banco Central Europeo) o el FMI (Fondo Monetario Internacional) prestarían dinero al estado para ayudar a las familias afectadas sería mucho más alto, o en un caso como el de Grecia se negaría a prestarlo porque el país no reuniría las exigencias de garantías.

         Por último, ¿cómo nacionalizar correctamente un banco o entidad financiera? Esta es la pregunta de millón que se contesta en una palabra: bien. Con "bien" me refiero a lo siguiente:

• Buscar a los culpables de la mala gestión (siempre, repito, siempre los hay).
  
  
• Despedir a estos culpables y, de ninguna manera, pagarles las indemnizaciones millonarias que ellos mismos establecen en sus contratos. Es el caso cinco directivos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) que se llevaron 13 millones en indemnizaciones al ser destituidos. Y la ex-directora general de la Caja, despedida por una gestión deficiente, recibió una retribución anual de 593.040 euros más una renta vitalicia de 369.497 euros.
  
  
• Sustituir a todos lo altos cargos por personas cualificadas independientemente de su signo político, tecnócratas. De esta manera se evitará que personas no cualificas (sin nociones de banca ni de economía) ocupen puestos de gran importancia en la entidad con no más mérito que tener amistades influyentes.
  
  
• No destinar más dinero a empresas de construcción ni a financiar campañas electorales.